Utopía democrática.

Utopía

sobre la

Democracia

en

España

Cuando no vives de la política, ser de izquierdas o ser de derechas…  son solo dos de las formas que tiene una persona de ser imbécil.    (José Ortega y Gasset).

Solo hay dos cosas infinitas:

El universo y la estupidez humana,

aunque… de la primera no estoy muy seguro.

(Albert Einstein).

Seamos realistas…

¡¡Pidamos lo imposible…!!

                    ¿ Voltaire…?

¿Tendremos que volver a Mayo del ’68…?

Esperemos que sea suficiente con Diciembre del ’78…

(Última Constitución de España).

Democracia auténtica

              (El pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla…)

Puede que esta sentencia sea cierta, es posible que incluso conveniente, pero la pregunta es… ¿desde donde tenemos que repetir…?

¿Desde los a veces estrambóticos, a veces corruptos, pero casi siempre ineficaces últimos gobiernos de Alfonso XIII…?

¿Desde la peculiar “Dictablanda” del General Primo de Rivera…?

¿Acaso desde la inestable, demagógica, mal configurada y muy tendenciosa II República…?

¿Es que quiere alguien que repitamos la terrible Guerra Civil…?

¿Buscamos quizá otro General Franco que, pensando él solo por todos, y a base de “palo y zanahoria” durante años, nos lleve a un punto de partida aceptable, que permita después vivir en democracia…?

En fin, si somos lo suficientemente inteligentes, algo que no está nada claro, todo lo anterior debería quedar ya superado.

Entonces… ¿repasamos lo que se hizo mal desde la “Transición…”?

Con sus defectos, con sus ambigüedades y aunque a algunos no guste, la Constitución de 1978 ha sido algo grande, sin duda la mejor de la historia, pero… ¿sería conveniente revisarla…?

Porque pese a la “buena prensa” de ambas (Transición y Constitución), y a lo orgullosos que nos sentimos la mayoría de los que las vivimos en su nacimiento, hemos de reconocer que algunas cosas eran manifiestamente mejorables. Repasemos pues, pero intentemos  hacerlo “sin apasionamientos”.

·        No nos definimos como monárquicos, pero parece claro que un Jefe de Estado permanente, culturalmente bien preparado, y no sujeto a vaivenes electorales e intereses partidistas, ha dado buen resultado. Debemos conservarlo. Aunque quizá sea conveniente darle más relevancia, pues como está queda un poco difuso. No todo el mundo entiende bien su misión. Y lo que no se entiende es difícil de aceptar, salvo por “aborregamiento”. Más adelante lo explicamos.

·        Es una buena idea, pese a lo que muchas veces se dice, tener un Parlamento bicameral, pero no lo es que una de las Cámaras (precisamente la que llamamos Cámara Alta) sea absolutamente inútil. También parece innecesario que tengan que haber 350 Diputados y 200 Senadores que además de no asistir a muchos plenos, pero sí cobrar como si lo hicieran, cuando asisten no es para votar en conciencia, respetando el mandato ciudadano, sino para, de una manera a veces escandalosa, a veces obscena, no hacer otra cosa que obedecer a “sus jefes”. ¡¡Y que si no obedecen son sancionados por su partido…!!  De escándalo, porque… ¿quién sanciona a los partidos que hacen aprobar leyes que no figuraban en sus programas  y además nadie les pidió…?

·        No es buena idea que un Gabinete Ejecutivo pueda actuar sin ningún tipo de control económico, de modo que una mala gestión pueda devenir en el endeudamiento del país durante generaciones. Un presidente del gobierno debe ser al país como el gerente a una empresa. Y ningún consejo de administración permitiría a un delegado una mala actuación, sin más responsabilidades que el ser o no reelegido para el cargo. El que ha sido mal gestor debe ser responsable de sus actos, tanto él como su equipo, siendo los primeros perjudicados y no solo con unos despidos dorados.

·        Aunque a algunos no les guste, España, al igual que otros países, es plural, no es uniforme. Hay dos regiones en nuestro territorio que “necesitan” tomar sus propias decisiones en las cosas que les afectan de manera cercana y que tienen además su propia y preciosa lengua vernácula: Cataluña y Euskadi. Hay además otras tres que, aunque con menos intensidad, quieren hacer valer también sus particularidades: Estas son Galicia, Islas Baleares y Valencia. No es necesario entrar en la polémica de si sus lenguas son propias o derivaciones de las otras cercanas. Son las suyas y todos a respetarlo. Y hasta a querer y defender estas diferencias como nuestras que son. De todos los españoles.

·        Por eso, basado en lo anterior y dado que, si queremos entendernos,  hay que servir “café para cinco”… ¿Porqué no “café para todos”…? Lo que pasa es que aquí... cuidado. Las prisas, para los campeones de velocidad y el resto, con calma.

·        Porque si no es mala idea  la descentralización, si lo ha sido la forma de hacerlo, sobre todo por lo extraordinariamente costosa. Es demencial la existencia de 17 Parlamentos con cientos de Diputados Regionales que solo sirven para dictar leyes menores o, lo que es peor, para entrar en conflicto con el Parlamento Nacional. Y si alguna región autonómica considera interesante disponer de instituciones propias como parlamentos, policías u otras cosas, adelante pero… debe salir de sus propios presupuestos, a sus electores rendir cuentas y tener claro que, aunque lo paguen ellos solitos, siempre deberá subordinación al Parlamento Nacional. No menos importante es el impacto negativo que ha tenido ceder competencias que nunca debieron cederse y que deben recuperarse.

·        Los partidos políticos tienen un peso excesivo en la vida nacional. Solo se oye hablar de ellos, algo que, además de no merecerlo, cansa. Con sus estructuras cerradas, alardean pero no practican la democracia que piden a los demás. Con honrosísimas pero escasas excepciones, la mediocridad impera en sus aparatos y los líderes lo consienten y alientan, porque “viene bien gente que empuje pero no haga sombra”. Pero con su fuerza, cierran el paso a independientes de prestigio que pueden sentirse atraídos por el servicio al ciudadano, pero no les satisface el partidismo.

 

·        Tenemos una muy mala Ley Electoral. Tanto por la utilización de listas de partido cerradas, como por la desproporcionada importancia que se ha dado a los grupos nacionalistas, y sobre todo por la posibilidad, utilizada hasta las náuseas, de que la lista más votada quede relegada por una coalición post-electoral de perdedores. Eso es sencillamente la negación de la democracia y es imperioso cambiarlo.  Y que nadie nos diga que en otros sitios también se hace, aunque sea verdad. Aquí y en todas partes está mal. Y lo sabemos todos.

·        Montesquieu no es Frankestein. Debe por tanto resucitar. Nunca los profesionales de la Justicia debieron admitir un control absoluto del Parlamento sobre ellos y mucho menos cooperar con esta situación, que a veces, causa auténtico bochorno. Nunca los electores le dimos ese poder a los diputados, sino que, y todos lo sabemos, fue un desvergonzado retorcimiento de la representación popular, que nadie ha cambiado después.

·        El Tribunal Constitucional no tenía ya en principio mucho sentido, pues es como reconocer que el Parlamento es capaz de engendrar “leyes ilegales”. Por si fuese poco, con algunas de sus actuaciones posteriores se ha desprestigiado lo suficiente como para que deje de existir.

Así las cosas, parece bueno que pensemos en actuar. La incógnita es la de siempre:  ¿Quién le pone el cascabel al gato…? 

Reflexionemos: Los ciudadanos no contamos con armas pacíficas aunque se nos diga lo contrario, pues solo tenemos las elecciones con listas cerradas y corrección del resultado. Con esto, el voto en blanco puede ayudar a quien no queremos y la abstención, además del mal regusto que nos deja cuando la ejercemos conscientemente, luego vienen los políticos y, con magnífica desvergüenza, se la pasan por…. Ahí está si no el Referéndum sobre el increíble Estatut de Catalunya, aprobado con una incidencia popular mínima en su propio territorio, pero impuesto de todas formas a la nación (a toda la nación española) pese a que estuvo recurrido durante casi cuatro años, mientras que curiosamente, ahora nadie parece recordarlo, salvo para aplicar lo más negativo de su texto.

Y no deseemos una revolución popular. No la deseemos, por favor, no la deseemos.

Pero parece claro que ninguno, NINGUNO de los partidos políticos existentes están por la labor de cambiar las cosas y… ¿porqué habrían de estarlo si a ellos les va bien…?   Han logrado, pese a su mediocridad que no ignoran, convertirse en el eje sobre el que gira todo. Dilapidan más que gastan, ingentes cantidades del presupuesto sin dar explicaciones. Saben que sus “suelos electorales” los apoyan sin pensar y con auténtico fanatismo. Las entidades financieras les perdonan sus deudas impagadas una tras otra, algo que no hacen con nadie más. Así que sus componentes lo tienen claro. Solo se trata de conseguir aparecer en una lista, la que sea porque cualquier lista les vale y, si no es posible, estar lo suficientemente cerca de los elegidos para que los nombren asesores de algo… Y los que quedan en la oposición, quedan aún más cómodos que en el poder, porque tienen garantizada una vida tranquila, la popularidad y ninguna responsabilidad… Y aún nos extrañamos de la acción de oposición que plantean algunos. Que inocentes somos. Como nos engañan.

De los llamados “sindicatos mayoritarios” mejor no hablar. Han logrado ser como los verticales del franquismo solo que con más poder y mucho, mucho más presupuesto y patrimonio. Así que, reformando un poco el refrán, actúan aplicando esa picaresca popular que reza:  tú dame pan,  y dime… lo que quieras.

Quizá pueda hacerlo la prensa. Quizá un grupo de periodistas preparados y honestos, que los hay aunque todos no lo sean. Si se pusieran de acuerdo… Si quisieran avivar esa llama que está silenciosa pero no apagada… Al fin y al cabo ellos tienen las únicas armas que los políticos mediocres temen.

Mientras tanto, pensemos y escribamos.  Lo más probable es que no valga para nada, pero….. nunca se sabe.

 

Configuración Ideal del

Estado

de las

Autonomías

Primera Autoridad del Estado:   

 El Rey

Ejerce una magistratura que conlleva los siguientes cargos:

·      Jefe del Estado.

·      Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

·      Presidente del Senado.

El Rey, en su calidad de Jefe del Estado, no gobierna, pero ejerce el control supremo de las Fuerzas Armadas y preside el Senado.

Su misión en la Cámara Alta es convocar y  prestigiar los procesos de debate. Su opinión debe ser hecha pública,  pero no es vinculante.

El Rey no emite voto.

El Senado

El Senado, presidido por el Rey, está compuesto por 19 Senadores, uno por cada Región Autonómica, más uno por cada una de la ciudades autónomas, elegidos en listas abiertas por sufragio universal y circunscripción regional, que actúan con el peso específico, mediante coeficiente, que les otorga el número de habitantes de su circunscripción. En el programa electoral personal de cada aspirante a Senador, debe ir incluida la información del coste de su retribución.

El Senado, llamado también con propiedad y por méritos propios Cámara Alta,  se reúne de oficio como mínimo una vez al mes, más tantas otras como su Presidente o  un tercio de los Senadores lo solicite, y tiene cuatro misiones fundamentales:

1.    Ejercer como Cámara de Representación Territorial.  Las cuestiones procedentes de las distintas Autonomías, tengan o no Parlamento Regional, y especialmente las que originen conflicto entre dos ó más regiones,  serán debatidas y resueltas, sin posibilidad de enmienda ni recurso, por el Senado.

2.    Arbitrar, sin enmienda posible,  sobre las Disposiciones y Leyes que emanen del Congreso de los Diputados pero que no sean aprobadas por mayoría absoluta y sean recurridas por ésta inmediatamente después de ser aprobadas sin mayoría.

3.    Actuar como intérprete y garante de la Constitución con decisiones no enmendables. Para esta exclusiva y eventual misión, están asistidos por un número impar de juristas de prestigio, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, aunque no deben ser miembros del mismo. Estos emiten opinión que debe ser conocida pero no vinculante, de manera que la resolución final es responsabilidad exclusiva del Senado. Al aceptar esta responsabilidad, no es pues necesaria, la existencia del Tribunal Constitucional.

4.    Nombramiento inicial y control de las renovaciones periódicas del Consejo Nacional de Economía y Hacienda.

Los Senadores tienen su lugar habitual de trabajo en su propia Región Autonómica, donde atienden de manera directa a su censo electoral, debiendo desplazarse obligatoriamente al Senado (salvo causas de fuerza mayor justificada) solo cuando lo manda el Reglamento y cuando son requeridos por el Rey. No pueden delegar su voto, ni siquiera entre sus iguales, y de su actuación responden ante sus electores. Dado el carácter de irrevocable de sus decisiones, no puede contemplarse el empate, por lo que siempre tienen que emitir voto en uno u otro sentido, no teniendo permitida la abstención. En caso de fallecimiento, dimisión o inhabilitación, el Senador es sustituido de manera automática por el que quedó segundo en los comicios por su región.

Todos los componentes del Senado, con la única excepción del Rey, que no tiene compensación económica especial por esta misión, perciben por su dedicación, que debe ser exclusiva, unos emolumentos acordes con la Normativa Nacional sobre Retribuciones a Cargos Públicos.

Segunda Autoridad del Estado:

 El Presidente del Gobierno

El Presidente del Gobierno, se configura como la máxima autoridad ejecutiva de la nación. Nombra y preside el Consejo de Ministros.

Es elegido por sufragio universal en circunscripción nacional única y con listas abiertas, junto con su Vice-Presidente, con el que forma un conjunto que no puede separarse tras las elecciones. En su programa electoral, debe ir incluida la información del coste de la retribución de ambos.

Indefectiblemente, forma gobierno y es su presidente el candidato más votado, aún cuando no haya conseguido mayoría absoluta.

Una vez elegido, no puede ser destituido salvo por falta flagrante orquestada mediante Moción de Censura, que debe ser previamente propuesta, debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados y trasladada después para su ratificación al Senado, cuya decisión es inapelable.

El Presidente del Gobierno tiene derecho a dimitir por motivos personales sean o no de fuerza mayor. Si este hecho se produce, es obligatoriamente sustituido por el Vice-Presidente, que nombra a su vez al nuevo Vice-Presidente, hasta el final de la legislatura. No se puede alterar la fecha de los comicios.

Por Ley, la persona elegida para ejercer como Presidente del Gobierno, solo puede presentarse a una reelección.

El Presidente del Gobierno es el responsable del empleo de los Fondos Ministeriales para el Gobierno, que son aprobados cada año, con uno de antelación,  por el Consejo Nacional de Economía y Hacienda, previa negociación con los miembros del Consejo de Ministros, el cual no tiene capacidad de endeudamiento. El acuerdo de financiación anual debe ser hecho público en el momento en que sea aprobado, con los correspondientes comparativos sobre ejercicios anteriores y la justificación de las diferencias.

El Vice – Presidente del Gobierno

El Vice-Presidente del Gobierno, como tal, no ostenta ninguna autoridad.

Es elegido, junto con el Presidente con el que forma un conjunto indivisible tras las elecciones, mediante sufragio universal en circunscripción nacional única y listas abiertas.

El Vice-Presidente queda en reserva para sustituir al Presidente en los casos de necesidad, y es el garante de la conclusión de la Legislatura hasta la fecha de las elecciones. Asiste a los Consejos de Ministros, donde tiene voz y voto pero no ostenta Cartera alguna.

En tanto pueda ser requerido para sustituir al Presidente del Gobierno, preside el Congreso de los Diputados, donde es responsable de la limpieza administrativa y la convocatoria y desarrollo de los Plenos.

Está asistido a su vez por un Vice-Presidente de la Cámara, que es elegido por mayoría simple de los Diputados,  en el primer pleno de cada legislatura. El Presidente del Congreso, por su calidad adjunta de Vice-Presidente del Gobierno, no emite voto en el Congreso.

Si como consecuencia de la dimisión o defenestración del Presidente del Gobierno, tiene el Vice-Presidente que ocupar su lugar, éste pierde automáticamente su condición de Presidente del Congreso, lugar que pasa a ocupar su Vice-Presidente. Los nuevos presidentes, tanto del Gobierno como del Congreso obtienen las mismas prerrogativas que su antecesor sustituido, incluidas la ampliación, disminución y cambio de los titulares de las Carteras Ministeriales.

El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros propone a la Cámara Baja del Parlamento o Congreso de los Diputados, la aprobación de las leyes que estime necesarias para el desarrollo de su misión, y con el mismo objetivo, negocia con el Consejo Nacional de Economía y Hacienda, con un año de antelación, los presupuestos de los Fondos Ministeriales para el Gobierno. El acuerdo de financiación anual debe ser hecho público en el momento en que sea aprobado, con los correspondientes comparativos sobre ejercicios anteriores y la justificación de las diferencias.

El Consejo de Ministros está formado por tantos miembros y carteras como estime necesarios su presidente, solo limitado por el presupuesto aprobado con antelación. No obstante, hay unas determinadas Carteras que obligatoriamente deben estar siempre en el Gobierno, y que son:

·       Interior. Responsable de todas las Fuerzas de Policía del Estado, incluida la Guardia Civil y las posibles policías autonómicas, cuyos responsables le deben subordinación.

·       Asuntos Exteriores. Responsable de la política exterior y de todas las Embajadas, Consulados y otras representaciones oficiales en países extranjeros.

·       Defensa. Organización política y participación en misiones tanto nacionales como internacionales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Puede ser ejercido tanto por un civil como por un militar, y debe trabajar en coordinación con el Rey, por su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. De existir discrepancia entre ambos, ésta es resuelta por el Senado.